Una propuesta ciudadana: #InternetParaTodos

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COLUMNA INVITADA

#InternetParaTodos surge a partir de la preocupación de parte de la sociedad civil organizada y de un grupo de ciudadanos interesados en los alcances y beneficios que el Internet puede traer a la vida moderna. Tomando en cuenta las condiciones económicas de nuestro país, así como las necesidades de encontrar canales que permitan el flujo de información descentralizado y libre de sesgos estructurales, se construyó una propuesta que sumó a especialistas en el tema, técnicos, profesionistas, estudiantes, activistas y demás ciudadanos interesados en utilizar nuevos métodos de participación en la vida del país.

Esta propuesta (http://internetparatodos.mx/2013/01/iniciativa-internet-para-todos/) busca crear una red pública de Internet a nivel nacional y de libre acceso, que aproveche la fibra óptica que ya tiene la Comisión Federal de Electricidad y que cubre la mayor parte del territorio poblado de la República Mexicana (21 mil kilómetros a lo largo y ancho del territorio nacional), además de más de 8 mil kilómetros de fibra óptica metropolitana, complementada con tecnología inalámbrica de largo alcance para la conexión con el usuario final a 5 mbps, velocidad considerada como banda ancha. Así, usando la infraestructura existente, la inversión necesaria para volverla real es muy baja, haciéndola una opción verdaderamente factible.

El grupo integrado por organizaciones como Artículo 19, Dejemos de Hacernos Pendejos, ReformaPolíticaYa, Propuesta Civica, Contingentemx, Mozilla México, Wikimedia, Causa en Común (entre otras), pero también de un grupo importante de ciudadanos que buscan impulsar cambios en su país desde distintos enfoques, decidió utilizar la vía que la Constitución permite para que los ciudadanos puedan llevar propuestas al Poder Legislativo sin la necesidad de hacerlo a través de los partidos políticos (actuando de manera separada a ellos): una iniciativa ciudadana (artículo 71, fracción IV de la Constitución). Para que la propuesta pueda ser llevada al Congreso de la Unión, es necesario reunir alrededor de 105 mil firmas que la apoyen.

Quienes participan en el proyecto comparten el diagnóstico de centralización y monopolio de los medios de comunicación tradicionales (particularmente la televisión), así como de la vulneración a derechos humanos que esta situación provoca, por lo que decidimos construir, un proyecto que busca obligar, a través de una reforma constitucional y legal, al Estado a utilizar la infraestructura existente para crear una red de Internet libre en prácticamente todo el país.

La red de Internet se concibe como una herramienta que permite realizar plenamente otros derechos humanos (por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y a la información) y se ve también ve como un instrumento que permite maximizar otros tantos, como el derecho a la educación o el derecho a la salud. Por lo tanto, su implementación como un servicio de libre acceso sería una forma de cumplimiento de las obligaciones del Estado, quien es el responsable de la garantía de los derechos humanos.

Para abonar en esta idea, es de gran ayuda mirar hacia el desarrollo que los principales derechos involucrados han tenido en los últimos años:

En el Sistema Interamericano, del cual México es parte, el derecho a la libertad de expresión contiene dos dimensiones: la individual (es decir, a expresar los propios pensamientos; así como a buscar, recibir y difundir ideas e información); y la colectiva (que es la garantía buscar, recibir y difundir cualquier información y a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenos y a estar bien informada), como posibilidad a realizar sin obstáculos, por medio de cualquier procedimiento y medios de su elección; ya sea oral, por escrito, en forma impresa, o cualquier otro.

 Además, tal como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Esto quiere decir que, no sólo tienen la obligación de no interferir con nuestros derechos (libertad negativa), sino también tienen la obligación de tomar acciones de promoción, de prevención, de adoptar medidas que los hagan efectivos, investigar las posibles violaciones a estos derechos, sancionar a los responsables de estas violaciones y reparar a las personas víctimas de estas violaciones.

 En el caso del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, el Estado está obligado a no interferir en la búsqueda y difusión de opiniones e información, pero también está obligado a tomar acciones para que, en la máxima medida de sus capacidades, las personas disfrutemos de todos los medios para ejercer estos dos derechos. Es decir, si el Estado tuviera (como sucede en el caso de México) la posibilidad económica de garantizar el acceso libre a la red de Internet, tendría la obligación de hacerlo o no garantizaría por completo los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

La falta de acceso a Internet libre para todos no sólo repercute en una falta de cumplimiento cabal (que se traduce en una violación) de estos dos derechos, sino que también podría implicar una violación al derecho a la educación al rechazar un medio para garantizarla de la mejor forma, al no permitir que las y los estudiantes tengan acceso a un instrumento que mejora de forma considerable el acceso a información, programas educativos y canales para maximizar su aprendizaje.

El desarrollo explicado en materia de derechos humanos corresponde a observaciones hechas en el influyente Informe MacBride (UNESCO), en el que desde hace décadas se resaltó la importancia de tomar medidas que fortalecieran las vías de comunicación interpersonal, rompieran las corrientes verticales de información, promovieran la inversión y el desarrollo tecnológico y posibilitaran a un mayor número de personas la participación en la comunicación pública.

En este valioso documento se reiteró la necesidad de eliminar los obstáculos a la comunicación, utilizando todas las leyes y regulaciones posibles, para remover las limitaciones que pudieran restringir la información o limitar el proceso de concentración y monopolización. Una forma de evitar esos fenómenos es, entre otras, la creación de medios alternativos que propicien nuevas formas de participación del público en los medios informativos, tal como sucede con el Internet.

El valor de este medio, de la autocomunicación de masas (término utilizado por Manuel Castells al explicar su valor y relevancia en la actualidad), es instrumental. Al permitir el flujo múltiple de la información y los mensajes, es posible romper barreras de desinformación y mostrar hechos que quieran ser sacados de la agenda setting de los medios tradicionales y de la realidad. La existencia de múltiples fuentes de información que transmiten hechos en el momento en que están sucediendo es una alternativa probada para catalizar el flujo de información y proteger los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

Si bien es cierto que el despliegue de una red de Internet libre para todas las personas no termina el problema de la monopolización de los medios y de otros problemas estructurales en la radiodifusión y las telecomunicaciones, es un gran avance que debe aprovecharse dadas las condiciones de infraestructura y tecnológicas. A la par, deberá seguir impulsándose una reforma estructural en el sistema de medios de comunicación que modifique el balance del poder y que aproveche las condiciones políticas y sociales actuales para impulsar una ley de medios que atienda a las necesidades de un país que aspira a ser una democracia real (aquí, la sociedad civil también es clave y la presión no debe cesar).

Contar con Internet, como la propuesta establece, significaría contar con una herramienta idónea para cumplir y acercarse a hacer efectivos los derechos antes mencionados. Al concebir el Internet como un servicio público, los ciudadanos podrán exigir contar con el acceso, la conectividad y todos los beneficios aparejados (accesar vía Wi-Fi a la red en cualquier lugar, desde casa o en un parque, sin la necesidad de pagar por el servicio).

Aún más, implicaría aprovechar la inversión realizada con los impuestos de todos los mexicanos en la red de fibra óptica. De no hacerlo, lo que todos pagamos nos estaría costando más por el hecho de no utilizarlo. Esto se muestra en la mayoría de estudios realizados sobre la relación positiva que tiene el incremento del desarrollo de las telecomunicaciones con el aumento de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, aumentar el número de personas con acceso a Internet significaría, muy probablemente, mejorar el crecimiento del PIB.

Apoyar la propuesta sólo requiere de la firma de los y las ciudadanas interesadas en llevarla al Congreso de la Unión, asistiendo a cualquiera de los puntos de recolección de firmas en las distintas ciudades o imprimiendo los formatos de recolección de firmas para luego entregarlos a los coordinadores, tal como se muestra en la página de www.internetparatodos.mx.

Las ventajas en lo que respecta a los derechos humanos, la comunicación y la economía son muchas. Impulsar una acción de este tipo, manda el mensaje de que nuestra ciudadanía puede organizarse y llevar a cabo acciones que impacten en la vida del país, sin que sea la clase política quien tenga el monopolio de la acción. Como éste, muchos otros temas podrán impulsarse de esta manera, para abordar los distintos temas que aquejan a la sociedad y que requieren de la participación de todos nosotros.

Una firma en esta y en las iniciativas que nos propongamos como ciudadanía consciente y organizada, puede cambiar la agenda de nuestro país y tener un impacto en nuestro crecimiento como sociedad. Es, entre otras cosas, una inversión que la nueva generación de mexicanos debe ocuparse de llevar a cabo.

Por Vladimir Chorny (@VladimirChorny1)

y Paulina Barrera (@NoIbaaTwittear)

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