Víctimas, violencia y supervisión penitenciaria

20 días para que finalice el sexenio. 6 años de una lucha contra la delincuencia, necesaria para la supervivencia del Estado, pero que nunca tuvo una clara estrategia o líneas de acción definidas en objetivos estratégicos. Fuerzas descoordinadas y en ocasiones compitiendo entre sí en lugar de colaborar para lograr objetivos conjuntos. Esta guerra mostró uno de los puntos débiles de las instituciones, la falta de mediciones coordinadas y homogéneas ¿Cómo es posible que al final de un periodo el Sistema Nacional de Seguridad y el INEGI tuvieran cifras tan diferentes? ¿Qué los datos de las procuradurías estatales no coincidieran con los de la PGR? ¿De dónde sacan sus números las ONG´s que no concuerdan con las cifras oficiales? ¿A quién creerle?

Para muestra un botón. El polígrafo reúne los 3 últimos análisis públicos presentados en materia de seguridad. El primero es la última versión de la Encuesta Nacional de Victimización del INEGI, que incluye una aproximación al número de delitos ocurridos y la percepción de inseguridad que se vive en el país. El segundo el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la CNDH y que evalúa los 100 centros penitenciarios más poblados del país. Por último el reporte mensual correspondiente a octubre de Lantia Consultores, que reúne y evalúa la información estatal y municipal de homicidios para detectar posibles epidemias de violencia.

Lo que se mide se puede mejorar y en este caso combatir. Las estadísticas no son herramientas de comunicación, son instrumentos que deben servir para generar las estrategias correctas. Uno de los retos que el nuevo gobierno debe reparar, y rápido, es la homologación de los datos de seguridad. Conocer con exactitud a que escenario nos enfrentamos permitirá desarrollar la estrategia adecuada para reducir los índices de violencia, mejorar el sistema penal y combatir las violaciones a los derechos humanos. El uso correcto de la estadística forma parte de la solución integral que debe darse al problema de la inseguridad.

ENVIPE 2012

29,372 delitos por cada cien mil habitantes se cometieron durante el 2011. En total 18 millones y medio de mexicanos fueron víctimas de uno o más delitos durante ese período. Los estados con mayor tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes son el Distrito Federal (40,633), Estado de México (39,905), Sonora (38,761), Quintana Roo (38,106) y San Luis Potosí (34,066).

Según los datos de la encuesta del total de delitos ocurridos sólo 12% fueron denunciados, y en estos sólo en el 65% se inicio una averiguación previa. La extorsión es el delito con mayor cifra negra (delitos no denunciados o sin averiguación previa) al ser denunciados investigados sólo el 4% de los delitos cometidos.

39% de los mexicanos se siente inseguro en su colonia o localidad. El 23% creé que la situación mejorará el siguiente año, el 40% que seguirá igual y el 31% que empeorará. El 63% de los mexicanos ha dejado de usar joyas, el 62% ya no deja a sus hijos salir a la calle y el 55% ha dejado de salir de noche.

Los datos de la ENVIPE están disponibles a nivel nacional y por estado, además de la percepción de inseguridad, se evalúo las características de las víctimas y de los victimarios, la confianza en las instituciones de seguridad y la caracterización del delito. Para consultar los resultados:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/envipe/envipe2012/default.aspx

DNSP 2012

El Diagnóstico Nacional  de Supervisión Penitenciaria es un instrumento de evaluación que permite analizar la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, relacionado con las condiciones de estancia e internamiento de las personas en reclusión, con perspectiva del respeto a los derechos humanos.

Para realizar el diagnóstico se evalúo los 100 centros penitenciarios más poblados del país, cuya población asciende a 161,823 internos equivalente al 75% de la población penitenciaria.

Los centros penitenciarios evaluados sacaron en promedio una calificación de 6.41. Aguascalientes y Guanajuato son los estados mejor evaluados, mientras que Oaxaca, Guerrero y Tabasco son los peores. La evaluación arroja que las instalaciones son insuficientes, además de estar en condiciones deficientes y anti higiénicas para los presos, no hay condiciones de gobernabilidad, no se respeta el debido proceso penal y no se logra la reinserción social de los internos.

El problema de la violencia y autogobierno del sistema penitenciario requiere especial atención a los problemas específicos de cada centro, es necesario que se amplíe los espacios disponibles, se deje de abusar de la prisión preventiva y generar las condiciones para una constante evaluación sobre todo en materia de derechos humanos y el debido proceso. Cabe destacar que en el penal de Piedras Negras  no se pudo llevar a cabo la evaluación por la falta de condiciones de seguridad para los visitadores.

Para conocer los resultados nacionales y por centro: http://dnsp.cndh.org.mx/

Termómetro de la Violencia en México (Reporte Lantia)

La empresa Lantia Consultores, dirigida por el especialista Eduardo Guerrero, publica en sinembargo.mx el reporte mensual de las cifras de violencia en México, específicamente las de homicidios. Según los datos, la violencia provocada por el crimen organizado dejó 887 muertos durante el mes de octubre, todas ellas producto de los 70 enfrentamientos registrados entre el Ejército y el crimen organizado. A pesar del decremento del 43% de las ejecuciones con respecto al mes anterior, Guerrero es, por tercera vez consecutiva, la entidad más violenta del país con más de 125 ejecuciones, 15% del total de las muertes registradas durante el mes.

A nivel nacional, la violencia disminuyó 17% respecto a septiembre. En lo que va de 2012, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa son los estados con mayor nivel de violencia en el país. Acapulco ha sido el municipio más violento por cuarto mes consecutivo y el que presenta el mayor número de ejecuciones en lo que va de 2012.

Para conocer el reporte completo: http://www.sinembargo.mx/08-11-2012/421493

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